“Candidatos no partidarios o independientes deberán haber para 2012”

By on 11 enero, 2011

¿Qué es lo que ustedes no aprueban del decreto emitido por la Asamblea Legislativa respecto a las candidaturas no partidarias?

Ramón Villalta, Director Eejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).

Lo primero es que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa sobre disposiciones para la postulación a candidatos no partidarios para diputados en la Asamblea Legislativa, en realidad es un decreto que regula candidaturas no partidarias, pero las regulaciones y los procedimientos evidentemente, buscan obstaculizar y eliminar la posibilidad real, que cualquier persona interesada en participar como cualquier candidato no partidario pueda tener. Este es un decreto que formalmente cumple con la resolución de la Corte, pero que limita la posibilidad real de participar.

¿Entonces ese decreto va en sentido contrario a la resolución de la Corte?

Efectivamente. Y este decreto, como tiene esa intencionalidad, termina cometiendo una cantidad de vicios de inconstitucionalidad. En primer lugar violenta el principio de derecho de igualdad ante la ley, que el artículo 3 de la Constitución establece. Por ejemplo: al regular el literal “C” del artículo 8 respecto a que una persona para ser candidato, deba de presentar el equivalente del número de firmas al residuo de la circunscripción electoral; esto establece unas diferencias enormes entre un departamento y otro. Mientras un candidato en un departamento podrá presentar más o menos 8 mil firmas, en otro departamento tendrá la obligación de presentar hasta 20 mil firmas. Eso no es igual ante la ley. Es decir, cualquier candidato a diputado en realidad debería de presentar o cumplir con un solo requisito, una misma cantidad de firmas, no una cantidad tan diferenciada. Por otra parte en El Salvador diversos estudios han mostrado que el sistema de residuos ha generado graves distorsiones en la representación legislativa, lo que ha llevado a que unos diputados valgan más que otros y rompe con el sentido de igualdad del voto, por lo tanto, eso contradice ese principio de igualdad.

En la medida en que el decreto legislativo plantea como limitación que no puede ser candidato una persona que haya pertenecido a un partido político en los últimos tres años, o que una persona que haya sido electa como diputado en el ejercicio anterior, no puede presentarse como candidato. Esas dos limitaciones contradicen la Constitución de la República: se violenta el derecho de optar a cargo público y se violenta ese derecho de participar o de no participar en un partido político. El hecho de que una persona renuncie recientemente a un partido político, no tiene por qué ser una limitación para poder ser candidato, y una persona que haya sido diputado, pues mucho menos, porque el haber sido funcionario no puede ser una causal, por lo tanto eso violenta el numeral 2º y 3º del artículo 72 de la Constitución.

Pero además es la misma Constitución la que dice cuáles son lo requisitos que un candidato a diputado debe de cumplir en el Art.126, y el 127 dice cuáles son las limitaciones para que una persona no pueda ser candidato a diputado; por lo tanto, ningún decreto de ley puede extralimitarse y reglamentar, cosas que vayan más allá de lo que ya la Constitución expresamente ha establecido.

Entonces, este decreto en general no genera un trato en condiciones de competencia igual, al pedírsele a un candidato independiente que tiene que presentar fianza hasta por el 50 por ciento del monto que va a invertir y un partido político no tiene ese requisito; un candidato independiente no es sujeto de la deuda política y un partido político sí es sujeto de la deuda política. Este tipo de elementos no garantizan unas condiciones equiparables de igualdad. Cuando un candidato, por ejemplo, en el caso de Santa Ana va a presentar cerca de 20 mil firmas, se le está pidiendo cerca del 40% de firmas que se le exige a un partido político en formación, para que pueda ser inscrito legalmente como partido. Eso no es equiparable, todos esos elementos, contravienen los principios de la Constitución en su Art. 3.

Esos son básicamente los principales argumentos de inconstitucionalidad, y que son requisitos que limitan demasiado la posibilidad de que hayan ciudadanos que puedan y deban de participar en sus aspiraciones de ser candidatos independientes. Claro que este decreto en lugar de buscar legislar para propiciar y ampliar mecanismos en el ejercicio de la representación en el gobierno, busca limitarlo; entonces, nosotros recurrimos a la Presidencia de la República para peticionarle que pueda vetar este decreto de ley por considerar que es inconstitucional.

También está el caso de la recolección de firmas para la inscripción de los candidatos independientes, que ocurre después de la convocatoria a elecciones, mientras los partidos lo hacen con mucho tiempo de anticipación. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Ese es otro de los elementos que en términos de la competencia genera una desigualdad porque en el proceso para inscribir a un partido político se le deja hasta tres meses para que pueda conseguir las firmas, y estamos hablando de 50 mil firmas a nivel nacional, mientras que un independiente tendrá que conseguir hasta 20 mil firmas en un sólo departamento, el 40% de lo que se le exige a un partido, en tan sólo 25 días.

Eso genera desigualdad, porque mientras el partido ya está en campaña, el otro apenas estará empezando a conseguir las firmas de respaldo; entonces, nos parece que este decreto tiene muy malas intenciones de no propiciar, de no abonar al cumplimiento efectivo que la resolución que la Corte emanó, sino que busca formalmente cumplir con esa resolución, pero que en realidad busca obstaculizar otras formas de participación.

Aquí hay que tener en cuenta que esto se da en una coyuntura en que los políticos en El Salvador pierden credibilidad cada vez más, ya que son los que se encuentran en el último lugar de los actores políticos y sociales de menor confianza de la ciudadanía a nivel latinoamericano. Los políticos salvadoreños son los considerados más corruptos. En una medición de 0 a 5, en donde entre más cerca de cinco se está es más corrupto, los políticos salvadoreños llegan a medir el 4.4, es decir, son los más corruptos porque el promedio latinoamericano es del 4.00. Entonces, se da en una coyuntura donde hay una pérdida de confianza bastante considerable de parte de la ciudadanía, al desempeño que los partidos políticos han tenido en la función pública. Creemos que hay una demanda casi expresa de la ciudadanía de buscar otro mecanismo, para poder acceder a la representación del ejercicio gubernamental.

Ustedes han pedido el veto presidencial para este decreto legislativo, pero si el presidente veta ese decreto: ¿No se atrasaría más ese proceso y no habría candidaturas independientes para 2012?

Es preferible que se retrase a tener una ley que no va a servir para nada. El problema que tenemos ahora es: si el presidente sanciona esa ley, es que es inconstitucional y nosotros vamos a irnos a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de inconstitucionalidad; si el presidente veta, la Asamblea puede superar el veto, al superar el veto el decreto llega e nuevo a Casa Presidencial y el presidente tendrá que enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que esta emita su opinión. Entonces, el proceso que se avecina puede que se haga mucho más largo, pero es responsabilidad de los diputados tener que legislar para cumplir con lo establecido en la resolución.

Pero la sociedad salvadoreña, el Estado salvadoreño, necesitan tener un marco jurídico que garantice avanzar en la democracia; no nos sirve a nosotros para el país, para la nación y para la democracia, un decreto de ley que a todas luches contraviene la Constitución de la República, pero que a todas luces lo que busca es fortalecer la partidocracia, que es con lo que la sociedad salvadoreña no está 100% de acuerdo.

Ante todos estos movimientos legislativos: ¿Habrá candidaturas independientes en 2012?

Tiene que haber candidaturas independientes para 2012. La resolución de la Corte expulsó del Código Electoral artículos que tienen que ver con el procedimiento para inscribir candidaturas a diputado. Por lo tanto por ahora hay un vacío de ley, no tenemos procedimiento y por tanto la Asamblea está en la obligación de generar esos procedimientos. En caso de no tener una legislación por parte de la Asamblea Legislativa, tenemos conocimiento -de acuerdo con opinión que han dicho magistrados del Tribunal- que el Tribunal tendría que verse en la obligación de tener que reglamentar, para poder propiciar la inscripción de candidatos no partidarios.

En realidad estamos en una carrera en la que los partidos prácticamente se están oponiendo, están legislando para que no hayan candidatos no partidarios,; pero también hay una batalla desde las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que la resolución de la Corte se cumpla. De no cumplirse y de llegar al día de la convocatoria de elecciones, que será en noviembre de este año, efectivamente estaríamos concurriendo a tener que esperar una reglamentación de parte del Tribunal; pero consideramos que de acuerdo con la resolución de la Corte: candidatos no partidarios o independientes deberán que haber para 2012.

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