“La situación de los candidatos no partidarios está en un stand by”

By on 4 abril, 2011

¿Qué significado tiene el hecho de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya admitido un nuevo recurso de su persona en representación de diferentes organizaciones de la sociedad civil en el tema de las candidaturas independientes?

Félix Ulloa, Doctor en Derecho y Consultor Electoral Internacional, analiza la situación de las candidaturas no partidarias.

Significa en primer lugar, que mis argumentos para rechazar el Decreto Legislativo 555 son válidos y la Sala los va a estudiar. De no haberlos considerado pertinentes, la Sala simplemente habría declarado inadmisible mi demanda. Es decir, tengo la oportunidad de que una vez realizado el estudio a profundidad de las razones que expongo en mi demanda y el infausto decreto, la Sala de nuevo me de la razón, como lo hizo en 2002 y en 2010.

La demanda presentada ante la Corte contempla el hecho que las Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, exigen mayoría calificada para la inscripción de las candidaturas no partidarias, mientras que para la inscripción de partidos políticos basta mayoría simple. ¿Cuál es la base para reclamar en este punto?

El decreto 555, en el artículo 2 inc. segundo establece que la inscripción de las candidaturas deberá hacerse con el voto favorable de cuatro de los cinco Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo cual significa una decisión de mayoría calificada. El art. 75 del Código Electoral regula que las decisiones del Organismo Colegiado se tomaran por mayoría, sin estipular que estas serán por mayoría calificada, salvo ciertas excepciones, las cuales están establecidas en dicho Código. Por su parte el art 80 literal a)  establece los casos en los cuales se requiere de mayoría calificada por parte del Organismo Colegiado y,  dentro de ellas, no está la de registrar o inscribir a los partidos políticos. Son los arts. 165 y 166 los que regulan la inscripción de los partidos políticos, y se refieren a la resolución que el Tribunal Supremo Electoral emitirá reconociendo la personería jurídica del partido, sin especificar que dicha resolución se tomara por mayoría calificada.  Por tanto, si no se exige mayoría calificada para la inscripción de un partido político, considero discriminatorio el hecho de demandarlo para la inscripción de las candidaturas no partidarias.

También señala el caso en donde se asigna responsabilidad financiera frente a terceros a las personas que apoyan dichas candidaturas, lo cual no sucede en el caso de los partidos políticos. ¿Porqué?

Igual violación al principio de igualdad constitucional observo en el art.5 inc. primero del Decreto en referencia, porque está asignando una  responsabilidad financiera  frente a terceros, a las personas naturales que forman el Grupo de Apoyo de una candidatura no partidaria, cuando ésta no es exigible  a los miembros activos ni a los fundadores de los partidos políticos, ni el Decreto Legislativo ni en el Código Electoral.

Y en el caso de la reforma sobre el retiro del candidato no partidario, que señala que sus fondos pasarán al TSE, y serán destinados a la Fundación para el Mantenimiento, Fortalecimiento y Desarrollo de los Partidos Políticos. ¿Cuál es la su posición?

En el art. 11 se ordena que los fondos de los candidatos no partidarios en caso de retiro dentro del plazo legal, luego de ser liquidados pasaran al Tribunal Supremo Electoral y serán destinados a la Fundación para el Mantenimiento, Fortalecimiento y Desarrollo de los partidos políticos, constituyendo esta normativas una nueva violación al principio de igualdad, en tanto no es exigible a los partidos políticos. Dicha fundación si bien está contemplada en el art.195 del Código Electoral, no ha sido aún creada, por lo que esos fondos estarán en poder del Tribunal por un tiempo indefinido, constituyendo una incertidumbre legal y financiera innecesaria.

Su demanda también menciona una vulneración del principio de proporcionalidad. ¿Cómo se vulnera la elección de un candidato independiente frente a los partidos políticos?

Cuando alego que se viola el principio y el derecho de igualdad ante la ley que consagra nuestra constitución, me refiero a que los regímenes regulatorios para ambas entidades -cuya finalidad de ser electos es la misma-, deberían respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El articulado que denuncio es marcadamente injusto con las candidaturas no partidarias y las somete a un régimen desproporcionado en relación con las candidaturas partidarias.

¿Y cual es su punto de vista sobre la supuesta vulneración al derecho al voto libre, establecido en el Artículo 78 de la Constitución de la República?

Las características del voto de ser libre y directo se violan en el Decreto 635, que es el que veto el presidente Funes. En el Decreto 555 no se regulaba la emisión del voto ni la forma de las papeletas, sino las condiciones de participación de los candidatos no partidarios. El artículo que yo alegué que se violaba  era el art 72 Cn. que regula el derecho a optar a cargos públicos pues el Decreto 555 prohíbe a los que han sido diputados en en esta legislatura o miembros de un partido político, el presentarse como candidatos no partidarios en las elecciones de 2012.

Usted expone en su petición a la Sala de lo Constitucional, que se vulnera el principio de que la población es la base del sistema electoral, ya que la utilización de los residuos como criterio para la recolección de firmas, no guarda relación con la población. ¿Cómo ocurre eso?

Nuestra Constitución establece que el sistema electoral tendrá como base la población. Es decir que se impone la igualdad del individuo al momento de calcular la representación. El principio de un hombre un voto acuñado por la jurisprudencia electoral de los Estados Unidos de América, (Sentencia ONE MAN ONE VOTE del Tribunal Supremo, en el caso de Baker contra Carr en 1962, a la que luego le seguiría la de Reynolds contra Sims en 1964), y adoptado por las legislaciones de los países democráticos, deberá prevalecer en este caso. Sin embargo, al establecer un sistema de recolección de firmas diferenciado, basado en los cocientes departamentales, para las candidaturas no partidarias, se está violentado este principio constitucional de representación, púes los cocientes electorales varían en cada departamento y si bien son válidos al momento de aplicar la cifra repartidora en nuestro sistema de cocientes y residuos, cuando se asignan escaños, estos residuos no se pueden usar arbitrariamente como parámetros, para exigir el apoyo popular que una candidatura deberá demostrar, para ser inscrita como tal en el Tribunal Supremo Electoral. El Art. 159 del Código Electoral exige a los partidos políticos, que presenten cincuenta mil firmas recolectadas a nivel nacional, si se les aplicara el mismo criterio de recolección de firmas que a las candidaturas no partidarias, tendrían que recolectar alrededor de cien mil en caso que se utilizara el menor residuo departamental, que supera los siete mil electores (San Vicente), y alrededor de trescientos mil, si se utilizara el mayor residuo que supera los veinte mil electores (San Salvador). Lo justo e igualitario sería tomar el número de cincuenta mil  firmas, que se exige a un partido político para ser inscrito, y dividirlo entre las catorce circunscripciones electorales actuales, para sacar el cociente departamental, y con base en ese cociente, establecer el número de firmas que requiere un candidato no partidario, pues sería el más representativo de la población a representar como lo ordena la constitución. Tal como está redactado el inciso c) se exige al posible candidato no partidario, una carga mayor de apoyo o respaldo a su candidatura, que la que los que serían sus representados (constituences).

También señala que se vulnera de modo reflejo el art. 144 inc. 2º Cn., como consecuencia de la supuesta vulneración del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que en el Derecho Internacional la afiliación anterior a un partido político o el ejercicio previo de una diputación, no son impedimentos para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. ¿Cómo explica eso?

Así es. La Convención es parte de nuestro derecho interno, es decir es de obligatorio cumplimiento la haber sido ratificada por El Salvador el 20 de Junio de 1978, y en ella se estipulan cuales son las causales para que alguien no pueda optar a un cargo de elección popular. Estando en armonía con el Art. 72 de la Constitución, dicha Convención tiene mas paso que cualquier otra ley, según el Art. 144 inc 2o. de la misma Constitución. Así que cuando el Decreto 555 impone esa condición a los candidatos no partidarios, entra en conflicto con la Convención. Por lo cual la Sala aplicando el Art.144 debe declararlo inconstitucional.

¿Después de analizada esa demanda frente las Reformas Electorales aprobadas por partidos representados en la Asamblea Legislativa, la cual fue admitida en parte por la Sala de lo Constitucional, cómo queda la participación de los candidatos independientes para 2012?

La situación de los candidatos no partidarios está en un stand by. Tenemos que esperar la sentencia de la Sala en este nuevo juicio de inconstitucionalidad que promoví. En caso que la Sala me diera la razón, la Asamblea esta obligada a dictar nuevas normas para la participación de los candidatos no partidarios, pero siguiendo los parámetros que le dicte la Sala, y que no pueden ser otros que respetar el principio de igualdad jurídica, el de racionalidad y proporcionalidad que hoy ha violentado con ese decreto 555.

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