Libertad de (Ex)presión

By on 27 abril, 2011

El  más reciente informe de la Relatoría de Libertad de  Expresión de la OEA, destaca el paso dado por El Salvador, al avalar la  Ley de Acceso a la Información Pública, y  por los esfuerzos de las autoridades, al sancionar a los procesados por el asesinato del fotoperiodista franco español  Christian Poveda.

Aunque en este último caso, hace énfasis en que sean castigados los autores intelectuales, y haya reparación a los familiares. En similares términos se refiere a las amenazas contra comunicadores de Radio Victoria, Cabañas.

Un tercer elemento que aborda el informe, es la resolución de la Corte Suprema de Justicia del 24 de septiembre de 2010, por la cual reconoce la posibilidad de adelantar procesos penales, contra las y los comunicadores que ofendan la honra o la intimidad de los funcionarios públicos, lo que antes estaba legalmente prohibido y era considerado un importante avance regional.

La Relatoría se hace eco de la decisión de la  Corte de vincular el Art. 191 del Código Penal, con el artículo 6 de la Constitución.

Es de tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa, aún discute reformas a la legislación, para penalizar  las opiniones desfavorables, aunque es un debate que ha sido enviado al congelador por los honorables diputados.

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/182471-comision-engaveta-critica-periodistica-desfavorable.html

El punto es que la  Relatoría Especial, ve un retroceso en la decisión de la Corte Suprema, a partir de la contradicción entre un derecho humano fundamental, con que esto sea ocupado como una forma de protección a funcionarios públicos, que se sientan ” intimidados”.

Recuerda que el  país es suscriptor de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que en su artículo 10 establece que las  leyes de privacidad, no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.

La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia, en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

El informe deja a  un lado las sutilezas  cuando dice que “de ninguna manera puede aceptarse que todo posible abuso de la libertad de expresión en estos ámbitos, deba necesariamente dar lugar a una sanción penal”.

Todo lo contrario, pese a que en estos casos pueda presentarse una queja por uso abusivo de la libertad de expresión, la misma debe ser tramitada en procesos administrativos o civiles, y no en procesos penales, así se trate de casos en los cuales quienes haciendo uso de la libertad de expresión, infrinjan la ley.

El texto completo del informe figura en las páginas 94  a la 96  del documento en este vínculo http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf

NOTA: Carlos Domínguez, es Periodista salvadoreño con experiencia en  medio impreso, radio y televisión. Graduado de Periodismo y estudiante activo de Ciencias Jurídicas.

Ejerce la docencia y ha sido becario en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. Además, ha cursado diplomados en seguridad nacional, defensa nacional, política fiscal, migraciones, comunicación para el desarrollo, monitoreo de procesos electorales.


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