Despejando el camino para la reforma electoral, resolución CSJ: sobre PCN y PDC

By on 2 mayo, 2011

Por Félix Ulloa.

De nuevo los cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional emiten un fallo que llena de esperanzas y regocijo a la ciudadanía salvadoreña y limpia el rostro ante la comunidad internacional a un Órgano Fundamental del Estado, cuya imagen está bastante deteriorada.

Nos referimos a la sentencia que declara inconstitucional parte del Decreto Legislativo n° 586, de 19-I-2005, que daba vida a dos partidos que de acuerdo al Código Electoral debieron ser cancelados sus registros en el Tribunal Supremo Electoral, ellos son el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Estos valientes juristas que se han convertido en los paladines de la justicia, sin querer ser ni los 4 Magníficos ni los 4 Jinetes del Apocalipsis, como expresara uno de ellos, abrieron el camino para una reforma electoral integral, que además de modernizar el sistema político, lo volviera realmente democrático.

La sentencia del 29 de Julio de 2010, aceptando la validez de las candidaturas no partidarias y la posibilidad de votar en las elecciones legislativas con listas abiertas y desbloqueadas, fue el primer paso para ir quitando los obstáculos que artificiosamente se alegaban desde la Asamblea Legislativa, para no aprobar las urgentes reformas al sistema político y electoral que se vienen planteando desde 1994, en diferentes foros y por múltiples actores políticos, sociales, académicos, gremiales, religiosos, etc.

Durante años se nos vendió la idea de que el “bloque de derecha” que controlaba la Asamblea Legislativa impedía que las más de cincuenta iniciativas para reformar al sistema electoral, que yacen en el recinto legislativo, fuesen aprobadas. Y así, individuos y organismos sociales en titánica batalla contra la partidocracia, rompían lanzas inútilmente ante el muro de la indolencia legislativa.

Siendo Magistrado del TSE hice una propuesta de modificar ciertas prácticas electorales frente a representantes de partidos políticos, la respuesta que obtuve de un diputado de ARENA fue esta lapidaria frase: “el negocio electoral es nuestro, los partidos somos los dueños y nadie nos puede decir lo que hay que hacer”.

La esperanza era que las fuerzas democráticas y de izquierda pudieran un día alcanzar la aritmética necesaria para formar un bloque que lograra revertir esa retrograda tozudez de la derecha legislativa.

Sin embargo, la realidad quedó al descubierto cuando la noche del 28 de Julio de 2010 la Asamblea Legislativa suspendió la sesión plenaria que realizaban, al filtrarse la noticia que la Sala de lo Constitucional había fallado a mi favor en el caso de las candidaturas no partidarias y contra las listas cerradas y bloqueadas.

Esa misma noche en el plazo récord de media hora aprobaron con dispensa de trámite reformar la Constitución para bloquear dicha sentencia.

Y no fue el bloque de derecha solamente el que votó por esa espuria reforma, fueron diputados de todas la fracciones (excepto GANA) los que dieron su aval a tan indigna medida.

Han transcurrido 9 meses desde ese evento, el hito histórico marcado por la sentencia significó un parte aguas en la historia contemporánea, para algunos es el hecho político más importante desde la firma de los acuerdos de paz.

Para mí, la relevancia está en que si la sentencia se cumple en su texto y espíritu, se estará devolviendo al pueblo salvadoreño, la soberanía que constitucionalmente le corresponde y que por décadas le ha sido sustraída por las cúpulas de los partidos políticos, creando una nefasta partidocracia, que tanto daño a causado al desarrollo democrático de nuestro país.

Los partidos políticos han reaccionado de distintos modos, los más viscerales pidiendo la destitución de los 4 Magistrados, llamando al desacato y no a cumplir la sentencia; otros trazaron una estrategia más elaborada, dando cumplimiento parcial a la misma, redactando decretos legislativos que aparentaban cumplir la misma, pero que en el fondo dejaban la situación igual.

Ello originó además de un fuerte y unánime rechazo popular, una nueva demanda de inconstitucionalidad y un veto presidencial, lo cual demuestra claramente, que la partidocracia se resiste a devolverle al pueblo su soberanía, que aun herida de muerte en sus últimos estertores, puede ocasionar serios daños a nuestra incipiente democracia.

Esta última sentencia, revalidando la voluntad popular de que los dos partidos más obsoletos del sistema, (PCN y PDC), que en lugar de modernizarse y adecuarse a los desafíos y cambios que exigía la post guerra, se volvieron utilitarios del poder -y traficaron con la representación del pueblo-, deben desaparecer del espectro político.

La sentencia debe entenderse también como otro mensaje clarísimo a la Asamblea Legislativa, recordándole que en el pasado ha legislado en contra de la Constitución, para beneficiar a individuos y grupos con capacidad de influenciar sus decisiones.

Asimismo, deberá interpretarse como una nueva oportunidad para que los sectores autollamados revolucionarios y democráticos, que constituyen la mayor fracción legislativa, rectifiquen y legislen conforme la constitución, la democracias y los altos intereses del pueblo salvadoreño.

Los 4 Magistrados de Sala de lo Constitucional han hecho su trabajo, apegados a derecho, sin cálculos políticos, ni buscando de ventajas de alguna índole.

Es hora que los ciudadanos hagamos el nuestro, expresémosles nuestro respaldo y solidaridad, exigiendo a la Asamblea Legislativa a cumplir con las sentencias a cabalidad y sin demora.

Como nación debemos asumir que por fin llegó la hora de las tan ansiadas reformas electorales y demandar a los diputados y diputadas (que son nuestros representantes) que se pongan a trabajar con seriedad para cumplirle al pueblo, que está expectante dada la proximidad de las elecciones de marzo de 2012.

No les pedimos imposibles, son únicamente 43 votos los que se necesitan y si los han obtenido para temas de menor importancia, no vemos cuáles razones impiden alcanzar ese consenso mínimo, para un tema que para nuestro país, significará un gigantesco paso hacia el futuro democrático.

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