Países de la OEA se comprometen a continuar esfuerzos para fortalecer la seguridad ciudadana

By on 7 junio, 2011

Los Ministros de Relaciones Exteriores y embajadores de los países de la Organización de Estados Americanos aprobaron este martes 7 de junio de 2011, una declaración final de 17 puntos relacionados con el tema de la Seguridad Ciudadana en las Américas, en el marco de la celebración del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en San Salvador del 5 al 7 de junio.

Los delegados reconocieron que la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación, son pilares del sistema interamericano, los cuales están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros;

Los participantes se mostraron convencidos de que todo esfuerzo de carácter multilateral y cooperación en el ámbito de la seguridad, debe respetar plenamente los principios de soberanía, integridad territorial, independencia política y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional, así como considerar las diferentes perspectivas sobre las amenazas y prioridades a la seguridad de los Estados.

En tal sentido reconocieron que la Declaración sobre Seguridad en las Américas reafirma que la concepción de seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto a la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto de la soberanía nacional.

Los participantes reconocen la necesidad de adoptar acciones para generar condiciones de desarrollo social, económico, político y cultural a fin de fomentar la inclusión social, reducir las inequidades y crear oportunidades para sus pueblos, contribuyendo a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

Asimismo consideraron como importante adoptar políticas, programas y acciones para prevenir y contrarrestar la delincuencia, la violencia y la inseguridad, que incluyan medidas para la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Y además se mostraron convendios de que la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en la sociedad; así como de la importancia de incorporar una perspectiva de género en las políticas de seguridad.

También reconocieron la importancia de brindar a los jóvenes, particularmente a aquellos en situación de riesgo, oportunidades y acceso en materia de educación, capacitación, empleo, cultura, deportes y recreación, con miras a prevenir la violencia.

La 41 Asamblea reafirmó la importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública, por lo cual acordaron 17 puntos esenciales como resultado de las deliberaciones sostenidas durante el encuentro realizado en San Salvador, en el Centro Internacional de Ferias de Ferias y Convenciones, que se detallan a continuación:

1. Que es su prioridad continuar dirigiendo sus esfuerzos, acciones y voluntad política para fortalecer la seguridad ciudadana, como un ámbito de la seguridad pública, en sus países.

2. La obligación de los Estados de desarrollar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de derecho y de respeto a los derechos humanos orientadas a proveer seguridad y fortalecer la convivencia pacifica de sus comunidades.

3. Que las políticas de seguridad pública deben fomentar medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

4. Que el individuo es el centro de la seguridad ciudadana, entendida en el ámbito de la seguridad publica y, por ende, debe ser parte integral en la definición e implementación de alternativas para construir comunidades y sociedades más seguras, sostenibles y coherentes con sus aspiraciones democráticas y de desarrollo socio-económico y cultural.

5. Que las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico, a fin de fortalecer la promoción de una cultura de paz y no violencia, y responder de manera efectiva y participativa a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

6. La importancia de fortalecer la capacidad del Estado para fomentar políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales, con una perspectiva de género, teniendo presente las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo la promoción y protección de los derechos humanos y adecuando, cuando sea necesario, los respectivos marcos jurídicos, estructuras, programas, procedimientos operativos y mecanismos de gestión.

7. La necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, a fin de promover la seguridad pública.

8. La determinación de formular políticas públicas y programas educativos con el objetivo de lograr una transformación cultural que permita la erradicación de la violencia intrafamiliar.

9. La importancia de continuar fomentando medidas para garantizar que sus poblaciones tengan acceso a la justicia y a la protección que ofrece un sistema de justicia penal eficaz, transparente y confiable.

10. La necesidad de continuar promoviendo sistemas penitenciarios fundados en el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, que incluya políticas y prácticas orientadas a la rehabilitación y reinserción social.

11. Su compromiso de fortalecer los vínculos entre el desarrollo y la seguridad y, en ese sentido, promover la creciente interacción entre las áreas de desarrollo integral y seguridad multidimensional de la OEA.

12. La importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública.

13. El compromiso de profundizar la cooperación interamericana para el desarrollo integral y fortalecer los mecanismos y acciones de cooperación para enfrentar con urgencia la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.

14. La necesidad de continuar coordinando las acciones internacionales en materia de prevención, mitigación y atención de los desastres naturales fomentando la participación de las comunidades y fortaleciendo las capacidades internas y las de los organismos de gestión de riesgo competentes.

15. La necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos bilaterales, subregionales, regionales e internacionales de cooperación, de conformidad con los principios establecidos en la Carta de la OEA, para enfrentar, prevenir y combatir de manera integral y efectiva la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético, por cuanto éstos pueden afectar, en algunos casos, el desarrollo social, económico, político y el orden jurídico e institucional.

16. Encomendar al Consejo Permanente que elabore, en consulta y coordinación con las autoridades nacionales de la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), con la colaboración de la Secretaría General, un proyecto de plan de acción hemisférico para dar seguimiento a la presente Declaración de San Salvador, a ser considerado por la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones.

17. Que solicitan a la Secretaría General procurar el financiamiento adecuado para la elaboración del Plan de Acción e informar al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General sobre las gestiones realizadas.

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