Funes veta Decreto que prorrogaría ley de Cancelación de Deudas Agraria y Agropecuaria

By on 1 julio, 2011

El Presidente Mauricio Funes, vetó este viernes 1 de julio de 2011, el Decreto Legislativo No. 763 que pretendía prorrogar la vigencia de la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria por considerarlo inconveniente.

La Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria tenía como finalidad contribuir a la reactivación del sector agropecuario, mediante la readecuación de los créditos de sus beneficiarios a su valor actual, a través de mecanismos financieros que les permitieran cancelar sus deudas con la finalidad de volverlos sujetos de créditos con el Sistema Financiero e iniciar con ello la recuperación y fortalecimiento del referido sector.

El Ejecutivo indicó que mediante el Decreto Legislativo 763 se pretendía prorrogar la vigencia de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011. La Ley, en su inicio, se proyectó para 180 días; sin embargo, por múltiples reformas a la misma, se ha mantenido vigente por más de 13 años.

La Presidencia de la República considera que si el fundamento de la aprobación de dicha Ley era que las personas destinatarias de la misma carecían de recursos propios para cancelar sus deudas, ésta no aplica en la actualidad para las personas que se encuentran en mora y que pudieron ser beneficiarias de la mencionada Ley.

Señala que durante 13 años, especialmente durante el plazo original de la Ley, el campesino pobre, aquél que era y es sujeto de créditos de subsistencia, así como la Asociaciones Cooperativas, se acogieron a los beneficios que se les otorgaban y actualmente son sujetos de crédito nos sólo en el Banco de Fomento Agropecuario, BFA, sino en todo el Sistema Financiero.

Por lo anterior, la Presidencia de la República, en su argumentación del veto al mencionado decreto, considera que las personas que no han hecho uso del Decreto 263, son aquellas que, teniendo capacidad de pago, no tienen la voluntad de honrar sus obligaciones.

Además considera que la mencionada Ley ha coadyuvado a que los beneficiarios de las mismas hayan o estén cumpliendo con sus obligaciones crediticias para con las instituciones estatales acreedoras, habiendo cumplido así con las finalidades para las cuales fue aprobada; por lo tanto, es procedente que el Estado y Gobierno de El Salvador, luego de evaluar los resultado en la aplicación de la citada Ley, proceda a considerar otros programas y mecanismos con el propósito de continuar con la reactivación del sector agropecuario.

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