PDDH atiende 9 mil 342 casos durante 2012, la PNC una de las más denunciadas

By on 21 diciembre, 2012

A veinte años de su creación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presenta un balance de las gestiones realizadas durante el período de enero a noviembre de 2012, obteniendo los siguientes resultados, de los cuales presentamos una parte:

En el área de protección de los derechos humanos, se atendieron 9,342 casos, de los cuales 6,405 corresponden a orientaciones legales (68.56%) y 2,937 a denuncias admitidas (31.44%). En las denuncias se atendieron a 2,152 hombres y 1,123 mujeres, con la prevalencia de edad en el rango de 0 a 18 años en 2,291 casos.

El departamento de San Salvador acumula la mayor cantidad de denuncias con 601, tomando en cuenta que en este total se han incluido las denuncias tramitadas en las Delegaciones Locales de Apopa y Soyapango; seguido por Santa Ana con 416, incluyendo las tramitadas en la Delegación Local de Metapán; San Miguel con 305; La Paz con 269; La Unión con 237, incluyendo las tramitadas en la Delegación Local de Santa Rosa de Lima; y Usulután con 185.

El derecho humano más denunciado fue el derecho a la integridad personal con 692, seguido del derecho al debido proceso administrativo con 474, el derecho al trabajo con 360, el derecho al acceso a la justicia con 314, el derecho a la seguridad personal con 286, el derecho a la libertad personal con 213, el derecho a la salud con 182, el derecho al debido proceso judicial con 144, entre otros.

En cuanto a los derechos específicos de grupos en situación de vulnerabilidad, se reportaron en mayor medida los derechos de la niñez y adolescencia con 285, personas privadas de libertad con 216, mujeres con 188, personas migrantes con 52, personas con VIH con 35, personas consumidoras con 27, personas adultas mayores con 21, personas con discapacidad con 12, entre otros.

Respecto a la institución pública más denunciada fue la Policía Nacional Civil con 1,486, seguida por la Fiscalía General de la República con 219, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con 190, la Procuraduría General de la República con 159, el Ministerio de Educación con 151, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con 140, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 96, entre otras.

En el período se emitieron 1,456 resoluciones, de las cuales 616 corresponden a resoluciones iniciales, 780 a resoluciones finales y 60 oficios. Respecto a las resoluciones finales, en que se ha logrado investigar integralmente las denuncias admitidas, se obtuvieron los siguientes resultados: Por tipo de resolución final, se declaró la responsabilidad por violaciones a derechos humanos en 388 ocasiones, sin responsabilidad en 657, archivo en 179, buenos oficios en 61, acatamiento de recomendaciones en 34, con recomendaciones en 276 y restitución de derechos en 135. En las resoluciones por responsabilidad se constató la violación al debido

proceso administrativo en 36 resoluciones, seguido del derecho al trabajo con 29, el derecho de acceso a la justicia con 22, el derecho a la integridad personal con 20, el derecho a la libertad personal con 15, y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 14, etc.

Entre las instituciones públicas que fueron declaradas con mayor frecuencia como responsables de violaciones a derechos humanos se encuentran: la Policía Nacional Civil con 102 señalamientos, el Ministerio de la Defensa Nacional con 67, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y los Gobiernos Locales con 36 cada uno, el Órgano Judicial con 26, el Ministerio de Salud Pública con 17, entre otras.

Se emitieron 55 documentos de análisis: 2 informes especiales, 30 pronunciamientos públicos, 4 opiniones sobre proyectos de ley, 1 propuesta de reforma de ley, 7 informes a organismos internacionales de derechos humanos, entre otros. Se destacan los presentados al Sistema Interamericano de Protección de Derechos 2

Humanos: en el caso de las Masacres de el Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, y los informes temáticos sobre “Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador” y “El impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador”.

Asimismo, se realizaron 1,910 verificaciones a instituciones públicas responsables de las personas privadas de libertad: 382 a centros penitenciarios, 66 a centros de internamiento de menores infractores, 720 a bartolinas, 43 a juzgados de ejecución penitenciaria, 25 a pabellones de reos en hospitales, 7 a Consejos Criminológicos, 34 a Juzgados Especializados, entre otras. También se llegaron a cabo 1,881 acciones de protección inmediatas: 685 diligencias de buenos oficios, 699 observaciones preventivas y 497 mediaciones.

Esta Procuraduría instaló mesas de diálogo y realizó gestiones que derivaron en la apertura de expedientes sobre diferentes casos individuales y colectivos que afectaron los derechos de sectores sociales en situación de vulnerabilidad como los habitantes salvadoreños que residen en los ex bolsones, las familias afectadas por la tormenta “12E”, personas afectadas por los planes de ordenamiento municipal, entre otras.

Por otro lado, en las áreas de promoción y educación en derechos humanos, se realizaron 1,027 actividades de promoción, que comprendieron: 366 promociones del mandato de la PDDH; 164 reuniones de seguimiento; 114 participaciones en medios de comunicación social; 75 divulgaciones de informes especiales y situacionales; 68 acompañamientos a comunidades; entre otras. El total de personas beneficiadas fue de 17,082 distribuidas en los siguientes sectores: educativo formal (37%), servidores públicos (24%), organizaciones sociales (16%), grupos en situación de vulnerabilidad (13%) y otros grupos (10%).

También, se realizaron 550 actividades de educación, que comprendieron: 272 talleres, 161 charlas educativas y capacitaciones, 100 cursos, 16 paneles fórum y 1 diplomado. En ocasión a estas actividades, se distribuyó material educativo como trípticos, volantes, folletos, constituciones y leyes de la república en presentación de bolsillo, revistas institucionales y carteles sobre derechos humanos, entre otras reproducciones. El total de personas beneficiadas fue de 19,163 distribuidas en los siguientes sectores: educativo formal (37%), organizaciones sociales (36%), servidores públicos (24%) y grupos en situación de

vulnerabilidad (3%).

Análisis situacional de los derechos humanos

Derechos políticos

Se promovieron la participación política y modificaciones en la forma de votar de manera más transparente y respetando la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, se experimentaron obstáculos legales que volvieron desigual la competición política (reforma de las candidaturas no partidarias: no regulación del financiamiento público, requisitos excesivos, no participación como observadores, entre otros), así como la resistencia de los partidos políticos a devolverles a las personas votantes su capacidad libre de elección (reforma

voto por rostro). El Tribunal Supremo Electoral tuvo un rol destacado en la administración y la organización del evento electoral, sobresaliendo la ampliación del voto residencial que ofreció facilidades para el acceso al sufragio. No obstante, se observaron irregularidades como la limitada formación de los miembros de los organismos temporales electorales, falta de condiciones de seguridad en algunos centros de votación que propiciaron hechos de violencia.

Derechos civiles

A pesar de reportar una disminución importante en los índices de homicidios a consecuencia del acuerdo entre las dos principales pandillas de El Salvador, no se trata del producto de la aplicación de una verdadera política pública de seguridad ciudadana, sustentable, basada en el pleno respeto de los derechos humanos y en la eficacia de las instituciones competentes. Preocupan las precarias condiciones laborales en las que desarrollan sus labores el personal agente de la Policía Nacional Civil, que no contribuyen a lograr un verdadero proceso en el ejercicio de sus funciones en seguridad ciudadana y respeto de los derechos humanos.

La problemática de la desaparición de personas en el país y la disparidad de las cifras institucionales denota la falta de coordinación de las autoridades encargadas de investigar las desapariciones de personas en detrimento de la población, quien es la que finalmente vive en carne propia el dolor de no encontrar a sus parientes.

En materia de respeto al principio de separación de poderes, independencia judicial y al Estado de Derecho, destacó la controversia suscitada entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, que desencadenó un clima de tensión y un distanciamiento de posiciones entre ambos Órganos, afectando la institucionalidad democrática, lo cual es absolutamente negativo para el país y en nada contribuye a los esfuerzos realizados, hasta ahora, para el desarrollo democrático e institucional y, para la armonía social que tanto hace falta a la población.

Se celebra la notificación de la sentencia a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas ejecutadas en el caso de la Masacre de el Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, que condena al Estado por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada, a los derechos del niño, a las garantías judiciales, etc.

Derechos económicos, sociales y culturales

La pobreza y la desigualdad continúan siendo los principales obstáculos para que nuestro país avance de forma contundente hacia mejores niveles de desarrollo humano y, por lo tanto, deben ser atendidas de forma integral, no por medidas asistencialistas y de corto plazo.

Los precios excesivos de los medicamentos y el desabastecimiento de determinadas medicinas en el sistema de salud, las citas médicas prolongadas; el tipo, calidad y calidez de los servicios de salud y el limitado financiamiento en la materia, afectan gravemente el derecho a la salud de las personas. Preocupa de la misma manera, la falta de acuerdos políticos que provocó la aprobación tardía del préstamo de 80 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial, para fortalecer el sistema de salud.

Derecho a la protección del medio ambiente

Aunque durante este año se han constatado como avances la presentación de iniciativas de ley y de reformas a la normativa ambiental existente, y se ha evidenciado la disposición para resolver problemas a raíz de cárcavas en varios lugares y de bordas en ríos del país, la atención de los temas ambientales aún no es suficiente.

Derechos de la niñez, adolescencia y juventud

Las condiciones de violencia social en que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes persisten, y no se ve que las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir el delito estén dando resultados.

Si bien se han reportado avances respecto al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SINAPINA), creado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, como la conformación de juzgados y una cámara especializada, consultas para el diseño de una política nacional, existencia de reglamentos y juntas de protección a nivel nacional; todavía no se cuentan conformados todos los órganos responsables del

Sistema, como nueve juntas de protección de las catorce que en un principio deben funcionar, ausencia de los comités locales de derechos y la falta de desarrollo de la tipología de programas en la reglamentación especial.

Se mantienen los históricos retrasos en la inversión educativa estatal respecto al Producto Interno Bruto que está muy a la zaga del promedio recomendado por organismos internacionales de derechos humanos, es decir, debe elevarse del 3% actual al 6%.

Si bien es cierto que existe una Ley General de Juventud, la cual es limitada y no reconoce todos los derechos que las juventudes salvadoreñas deben tener en nuestro país, asimismo, existe un Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), el cual es todavía un organismo débil, con proyección limitada y escasos programas que promuevan el desarrollo de las y los jóvenes, aún faltan decididas acciones y esfuerzos gubernamentales para que este importante sector de la población salvadoreña goce realmente de sus derechos.

Derechos de las mujeres

Se observó la reducción de las cifras sobre casos de feminicidios, no obstante es preocupante el grado de violencia y crueldad con que las mujeres están siendo asesinadas y la impunidad de los casos, ya que los homicidas generalmente nunca son capturados, por lo que demandan al Estado mayor seguridad para las mujeres y la aplicación y cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vigente desde el 1 de enero de 2012.

Es imperioso fortalecer presupuestariamente la implementación del Protocolo de Actuación para la Investigación del Feminicidio a fin de garantizar la investigación de situaciones de violencia contra la mujer.

Derechos de las personas adultas mayores

No ha resultado suficiente el compromiso gubernamental para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. A pesar del anuncio del Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, de ampliar el Programa de Pensión Básica para las Personas Adultas Mayores de 32 a 100 municipios hasta concluir su mandato, de acuerdo a los sondeos de casas de opinión, el programa de apoyo económico a este sector es bien visto por la población, no obstante consideran que incide muy poco en la reducción de la pobreza.

Derechos de las personas con discapacidad

Si bien el Gobierno de la República ha tenido acciones importantes a favor de este colectivo, como por ejemplo el incremento presupuestario para el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), la implementación del proyecto piloto “Ciudades Inclusivas”, la promoción del arte y la cultura de las personas con discapacidad y la promoción de su inserción laboral; lo han hecho lentamente y de manera insuficiente, por lo que este sector de la población continúa invisibilizado por la falta de sensibilización y de acciones concretas y serias con el tema, que potencien el derecho a la igualdad de las personas.

Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis e intersexuales (LGBTI)

La situación que atraviesa actualmente la población LGBTI ha generado violaciones a sus derechos humanos, tales como la violencia basada en género, la violencia sexual, la discriminación, entre otras. Por lo que es necesario llevar a cabo acciones que faciliten las condiciones de igualdad ante la ley e introducir el principio de no discriminación en razón de la orientación sexual en todos los ámbitos del que hacer estatal.

Derechos de los Pueblos Indígenas

Un avance importante a considerar es la aprobación de la reforma constitucional al artículo 63, en la que se reconoce a los pueblos indígenas y la adopción de políticas con el fin de mantener su identidad étnica y cultural.

No obstante el país no cuenta con un marco jurídico secundario que establezca los derechos específicos de los pueblos indígenas. Asimismo, la desaparición de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Inclusión Social, es un retroceso que ha significado que la temática indígena pase a manos de la Dirección Nacional de Espacios Culturales de la Secretaría de la Cultura, otorgándole un enfoque más cultural que de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Derechos de las Personas con VIH

Se observaron acciones conducentes a mejorar la atención de las personas con VIH; sin embargo, son insuficientes, ya que continúan las limitaciones y la sostenibilidad de los recursos financieros en relación a la magnitud y el impacto que sigue provocando esta pandemia, lo cual puede llevar a impedir avanzar en la implementación de estrategias efectivas en materia de atención, prevención y disminución de nuevas infecciones y mitigación del impacto.

Es urgente la protección de los derechos humanos a los grupos en mayor riesgo de adquirir la infección (hombres que tienen sexo con hombres, personas transgéneros, trabajadoras/es sexuales, usuarios de drogas y personas privadas de libertad), realizando reformas al ordenamiento jurídico en caso de ser necesario, para tener un entorno favorable para estos grupos poblacionales.

San Salvador, 20 de diciembre de 2012.

Lic. Oscar Humberto Luna

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

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