ISD insiste en nombramiento de comisionados de información pública

By on 4 febrero, 2013

La Iniciativa Social para la Democracia, expresó este lunes 4 de febrero su preocupación ante el incumplimiento de la obligación legal del Presidente de la República, Mauricio Funes en el nombramiento de los Comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública.

Señala la organización que la sentencia No. 13-2012 dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 5 de diciembre de 2012 declaro Inconstitucional el artículo 73 del reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; que facultaba al Presidente de la República para vetar las ternas de candidatos a Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública; instrumento que -según ellos- utilizó para descartar las ternas el 11 de mayo de 2012.

La referida sentencia, señala que el art. 73 es inconstitucional ya que “en lugar de facilitar la aplicación de la ley dificulta o entorpece la finalidad del procedimiento legal de elección de los comisionados, al atenuar o disminuir el control ciudadano pretendido por la ley, lo que contradice el art. 168 ord. 14° Cn.” Asimismo la Sala enfatizó: “la inconstitucionalidad del art. 73 RELAI significa que no existe fundamento normativo válido para que el Presidente de la República rechace las ternas de candidatos a comisionados escogidas por los sectores sociales electores. De todo lo anterior se deriva que cualquier omisión de cumplimiento del art. 53 inc. 8° (plazo de nombramiento de los comisionados por el Presidente de la República) aduciendo el art. 73 RELAI carece de base jurídica, pues la disposición reglamentaria invocada como fundamento para dicha omisión es inconstitucional.”

Indica la ISD que han transcurrido dos meses desde que la sentencia fue emitida y no ha sido cumplida, a pesar que el 10 de diciembre de 2012 el Presidente de la República afirmó en diversos medios de comunicación, que respetaría el fallo y que haría las modificaciones necesarias.

Que el Presidente no nombre a los Comisionados y por ende no se ponga en marcha el Instituto de Acceso a la Información Pública, restringe el derecho fundamental al acceso a la información pública, fomenta la discrecionalidad de los funcionarios/as públicos en entregar información de carácter oficiosa, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión ante posibles abusos o arbitrariedades de los funcionarios/as, señala dicha organización.

Por otra parte, agregó, genera un quebrantamiento del Estado Constitucional de Derecho, ya que se están dando violaciones constantes al derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía por diversos actores e instituciones del Estado, dentro de los cuales sobresalen los siguientes casos emblemáticos:

a) Asamblea Legislativa, negó información a la Fundación Nacional para el Desarrollo sobre los gastos de los regalos navideños, aduciendo que era confidencial.

b) Municipalidad del Congo, periodistas de La Prensa Gráfica solicitaron al Alcalde información sobre las licitaciones, quién la negó. Según nota de dicho medio de fecha de 27-12-13.

c) Solo un aproximado de 20% de las municipalidades cuentan con las UAIP

Esto demuestra que “el Presidente si debe aceptar que por no haber nombrado a los Comisionados no se está garantizando el acceso a la información por todos los entes obligados”

Una vez declarada la inconstitucionalidad, el Presidente tenía que seguir el procedimiento del art. 53 de la LAIP que establece que tiene 30 días para nombrar a los Comisionados. Al incumplir con la sentencia de inconstitucionalidad y lo establecido en el art. 53 de la LAIP, el Presidente también está violando el art. 68, No. 1 de la Cn que establece que es atribución y obligación del Presidente de la República “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales”

Con base a lo anterior, INSTAMOS al Presidente de la República para que nombre a la mayor brevedad posible a los comisionados del IAIP en cumplimiento de su obligación legal y de acuerdo a lo dictaminado por la Sala de lo Constitucional.

 

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