CIDH se pronuncia contra maltrato de migrantes en México, entre ellos salvadoreños

By on 12 mayo, 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por las presuntas agresiones que habrían sufrido unas 300 personas migrantes y su posterior detención, en el estado de Tabasco. Asimismo, la Comisión expresa preocupación por la información sobre presuntas agresiones contra Fray Tomás González, Fray Aurelio Montero y Rubén Figueroa, defensores de derechos humanos de los migrantes y beneficiarios de las Medidas Cautelares 273/11, otorgadas por la CIDH el 19 de abril de 2013.

De acuerdo a información de público conocimiento, un grupo de alrededor de 300 personas migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala se trasladaban a pie hacia el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco. La información disponible indica que entre ellos había dos mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, e iban acompañados por miembros de “La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes”. Se informó que el 30 de abril de 2014, en las cercanías de la comunidad de Chacamax, habrían sido interceptados y detenidos de manera violenta por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la policía federal y la policía estatal de Tabasco.

La CIDH ha recibido información preocupante que indica que Fray Aurelio habría sido arrestado y que Rubén Figueroa habría sido golpeado. Se indicó que posteriormente, al ver que dos niños migrantes estaban siendo separados de sus madres, Fray Tomás González se habría interpuesto delante del camión en el que se los iban a llevar y habría sido empujado por un agente estatal, lo cual le habría ocasionado lesiones en la mano derecha.

Según la información disponible, en el marco del operativo de control migratorio, un gran número de migrantes habrían sido golpeados e insultados por agentes estatales. Desde el 1 de mayo, los migrantes estarían detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula (Chiapas). Organizaciones de derechos humanos han informado que habrían tenido dificultades para acceder a la estación migratoria.

El Comisionado Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló: “En mi calidad de Relator sobre los Derechos de los Migrantes manifiesto mi mayor preocupación por estos hechos. El Estado, incluyendo las autoridades a nivel federal, estatal y local, tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los migrantes, que se encuentran bajo su jurisdicción, en particular derechos como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la protección de la familia y la protección especial de las niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte, el Comisionado James Cavallaro, Relator de la CIDH para México, manifestó su preocupación por el hecho de que algunas de las personas que habrían resultado agredidas en estos hechos son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión. “Fray Tomás González, Rubén Figueroa y demás miembros de ‘La 72’ son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En este sentido, el Estado tiene una obligación especial de protección. Urgimos al Estado mexicano a implementar estas medidas cautelares, que aún están vigentes, de manera que se garantice la seguridad de las personas beneficiarias”.

Ante estos hechos, la CIDH insta al Estado mexicano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes en tránsito por México que se encuentran en una situación de riesgo, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos de los migrantes. Asimismo, la CIDH urge al Estado a que se garantice la aplicación de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio, la observancia de las garantías del debido proceso en los procedimientos migratorios tendientes a la deportación, la excepcionalidad de la detención migratoria y la necesidad de implementar medidas alternativas a la detención, la detención en condiciones acordes a la dignidad humana, la necesidad de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, la protección del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas.

Por último, la Comisión urge a las autoridades mexicanas a investigar estos hechos en forma diligente e imparcial, y, en particular, a investigar las denuncias de abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del INM y de policías de distintos órdenes en los hechos ocurridos entre el 30 de abril y el 1 de mayo del presente año.

La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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