Sánchez Cerén pide entregarse a militares reclamados por España caso Jesuitas

By on 7 febrero, 2016

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), confirmó que los militares capturados por difusión roja internacional de la INTERPOL a pedido de juez español, por el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, la doméstica que les ayudaba y su hija en un crimen ocurrido en 1989, se encuentran bajo su jurisdicción y anunció que continúa el operativo para la ubicación y detención de las otras personas requeridas.

Como resultado de un operativo iniciado el viernes 5 de febrero, en cumplimiento a la Notificación Roja emitida por la INTERPOL, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que ha detenido cuatro exmilitares requeridos por España en el marco de un juicio por la masacre de los sacerdotes jesuitas.

En este marco, el presidente Salvador Sánchez Cerén aseguró, durante Gobernando con la Gente realizado en San Miguel, que la PNC ha actuado en estricto respeto a la ley al emitir y hacer efectivas las órdenes de captura.

“La Policía Nacional Civil lo que ha hecho es capturarlos y están ya a la orden del juez. Es el sistema de justicia que va a decidir si los extradita o no los extradita”, añadió.

El mandatario también hizo un llamado a los demás militares sobre quienes se han girado órdenes de captura –cuyo paradero aún se desconoce– a que se entreguen a la justicia y se sometan al debido proceso.

Entre los primeros detenidos en ese hecho criminal, según reporte de la Policía Nacional Civil, está Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el ex director de la Escuela Militar, quien ya fue enjuiciado y condenado a 30 años de prisión en 1991-1992, pero dejado libre por la Ley de Amnistía aprobada como parte de los Acuerdos de Paz.

La PNC también ha confirmado las capturas de Antonio Ramiro Ávalos Vargas,  Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo, este último que confesó haber disparado a la doméstica y su hija, hasta cerciorarse de que estaban muertas, según aspectos del juicio realizado en 1991.

Los fallecidos como los muestra Wikipedia la enciclopedia virtual:

La defensa

Por su parte el abogado defensor de 13 de los 17 militares acusados, Lisandro Quintanilla ha expresado que las detenciones “es un despliegue de poder, un show mediático el que están haciendo”.

“Perfectamente ellos saben que la Corte Suprema de Justicia al designar al juez (como deberá hacerlo con un juez de Paz que conozca el caso), muy posiblemente los ponga en libertad y la finalidad de la extradición vuelva a ser tratada por la CSJ en los mismos términos en que fue tratada”, explicó Quintanilla.

Para el abogado los militares “Tienen que ser puestos a la orden de cualquiera de los 15 jueces de paz que la CSJ decida, y la extradición no procede”.

El crimen de los sacerdotes jesuitas y la mujer que les ayudaba en asuntos domésticos y su hija que vivía con ella en la UCA, ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la“Ofensiva militar Hasta el Tope”, que desarrollaba la guerrilla del FMLN en el Gran San Salvador y otras ciudades del país, como parte de la guerra civil salvadoreña de 1981 a 1992. dicha guerra dejó más de 75 mil muertos, entre ellos los jesuitas. Los sacerdotes habían alzado su voz por mejoras en la economía para los salvadoreños así como que se respetara sus derechos sociales y constitucionales. Todo eso fue motivo suficiente para que miembros del batallón Atlacatl ingresaran al campus de la UCA y asesinaran a seis sacerdotes. El caso ha sido tipificado por el juez español como crimen de lesa humanidad.

La petición del juez Eloy Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado reiterar a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y entrega de 17 militares de aquel país presuntamente implicados en la matanza de varios jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, ocurrida en la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de 1989.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda esta medida ante el “giro jurisdiccional observado” en este caso y “con el compromiso de formalizar las demandas extradicionales en caso de que haya detenciones”.

El juez explica el recorrido de este procedimiento y recuerda que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de la orden internacional de detención cursada en mayo de ese año (difusión con código rojo de Interpol) a la búsqueda y localización de los procesados, no así a su captura, por lo que se denegó su entrega a España.

Cuatro años más tarde, el pasado mes de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador reconoció, dice el auto, el carácter “que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”.

Tras esa resolución, el 16 de diciembre pasado la Asociación pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia solicitaron al juez la reiteración de las órdenes de detención y entrega, excepto para dos de los militares procesados, de lo cual se dio traslado a la Fiscalía, que emitió informe interesando el mantenimiento de las órdenes internacionales vigentes.

Posteriormente, continúa el auto, se recibió el 30 de diciembre el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en el que se manifiesta su disconformidad con la resolución inicial denegatoria de la Corte Suprema de Justicia, recomendando su modificación en el sentido de permitir la captura de las personas perseguidas por la ley.

Por todo ello, a la vista de lo expuesto por el Ministerio Fiscal y en virtud del informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como del escrito de las acusaciones en el que se adjunta la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, “en los que se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de la existencia de guerra internacional y, por tanto, como una violación de las normas internacionales imperativas, estando el Estado en cuyo territorio sucedieron los hechos obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden de detención con fines de extradición emitida por el Estado español, procede reiterar a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y entrega que se expidieron por este Juzgado al objeto del cumplimiento de las mismas”, dice el auto.

En consecuencia, esta mañana el Juzgado Central de Instrucción 6 ha dado traslado a Interpol y Sirene España de las 17 órdenes de detención y se ha mandado copia al jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol El Salvador y a la Dirección General de Policía Nacional Civil de ese país para que se proceda a las detenciones, en cuyo caso España solicitará la extradición.  

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