FMLN observa perversa intencionalidad política de magistrados de Sala de lo Constitucional

By on 18 julio, 2016

La Comisión Política del FMLN se pronunció con todo ante las recientes resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y dijo que le llama sospechosamente la atención que la Sala de lo Constitucional haya dado a conocer un conjunto de decisiones de profundo impacto político, social y económico, de una sola vez, ”en combo”.

Señalan que más allá de cuestionar la seriedad de la actuación de estos magistrados, se evidencia una perversa intencionalidad política por sobre cualquier consideración de tipo jurídico. Es, además, una clara actitud irresponsable, que se suma a otras numerosas decisiones adoptadas por estos abogados, como la anulación de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República; impedir la Reforma Constitucional que ampliaba el período de diputados y alcaldes; bloquear el cargo para inversión social destinado a la generación de energías limpias y renovables.

Indican que los magistrados son perfectamente conscientes del alto impacto que cada una de esas medidas, por si solas, hubieran podido causar en la población y en el gobierno elegido democráticamente por este, en marzo de 2014. Qué decir del efecto desestabilizador y de inseguridad jurídica que vienen a causar cuatro decisiones simultáneas de gran alcance. Una de ellas, además, “disimulada” en medio de otra sentencia. Destacamos que algunas de las decisiones habían esperado por décadas una resolución y cuesta entender, sin encontrar mala intención manifiesta de su parte, la “repentina premura” de estos abogados.

Además, afirman que con estas actuaciones, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se muestran tal como verdaderamente son: operadores políticos de poderosos sectores económicos del país, que jamás aceptaron haber perdido el control del Ejecutivo y del Legislativo desde el año 2009.

El FMLN dice denunciar la intencionalidad desestabilizadora de un grupo de jueces, cuyo proceso de elección ha sido y sigue siendo fuertemente cuestionado, y que pretende cada día convertirse en un gobierno paralelo al legítimo y constitucional; un gobierno de los jueces, que se coloca ante la población -que no los eligió- por encima del resto de poderes del Estado, violando así la Constitución.

Con respecto a la Sentencia de la Ley de Amnistía, recuerdan al pueblo salvadoreño y a la opinión pública en general, que fue el FMLN quien presentó, desde el inicio, recursos de inconstitucionalidad contra una Ley que fue fraguada en las sombras.

Asimismo, el FMLN dice reconocer el derecho de las víctimas a conocer la verdad y reclamar la justicia y reparación como un camino hacia la reconciliación, expresado en el espíritu del proceso de Paz y en los acuerdos alcanzados en 1992. En ese sentido, la justicia jamás deberá ser entendida como una excusa para la venganza. Sobre esa base ha de asentarse la búsqueda permanente de la Unidad Nacional que debe servir en estos tiempos, para superar los dramas del pasado y los desafíos del presente; para impedir cualquier repetición de crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones a los Derechos Humanos.

También afirman que el pretendido gobierno de los jueces intenta imponerse al sistema democrático. Los cuatro magistrados (y un suplente) avanzan en esas intenciones con medidas como la declaración de inconstitucionalidad de la emisión de títulos valores de crédito por 900 millones de dólares. No solo por el manifiesto interés de continuar bloqueando fondos para la Seguridad y los Programas Sociales, sino en particular por su ataque feroz a la institucionalidad, que representa la eliminación, de un solo plumazo, de la figura constitucional del Diputado Suplente, al quitarle sus derechos a voz y voto, legitimados en sus funciones por la propia Constitución y Leyes de la República.

El FMLN afirma que también hay un un irrespeto a las actuaciones de la máxima autoridad electoral, que legitimó el origen democrático de los actuales diputados suplentes. Así, la Sala de lo Constitucional ha puesto a la Asamblea Legislativa en una situación de peligro: el bloqueo de la misma, por falta de quorum es una realidad potencialmente posible. Con ello, la paralización del Estado en el sistema político y administrativo se presenta como una amenaza real. Esta decisión respecto a los diputados, significa la desarticulación de hecho de un órgano del Estado. Hecho gravísimo que, debemos advertir, forma parte de una agenda de desestabilización.

Ante estos hechos, el FMLN llama al pueblo a redoblar su lucha por la defensa del sistema democrático que ha construido a lo largo de siglos de lucha popular, por todos los medios que fueron necesarios.

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