Sala ordena a Presidencia publicar gastos de publicidad y viajes de expresidente y esposa

By on 1 septiembre, 2016

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves 1 de septiembre de 2016  a la Presidencia de la República publicar toda la  información sobre los gastos de publicidad y viajes de expresidente Mauricio Funes  y la primera dama Vanda Pignato.

El Ejecutivo pareciera haberse dado por notificado, ya que el Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador, Marcos Rodríguez afirmó a través de su cuenta de twitter que el Gobierno es respestuoso  de la resolución de la Sala que manda publicar viajes presidenciales y publicidad de  CAPRES.

“Se publicará info existente desde 1989”, manifestó el funcionario a través de su cuenta de twitter @MERodriguez53 .

La Sala le ha dado al gobierno un plazo de 15 días para que publique la información solicitada.

Lo raro es que en el comunicado de la Sala no se escribe el nombre del mandatario investigado y tampoco el nombre de la primera dama, pero por tratarse de información de campaña de 2010 se puede inferir que se trata del ex presidente Funes.

La Resolución de la Sala que de nuevo no ha sido firmada por el Presidente de la misma, señala que ordenó a la Presidencia de la República que publique la lista de viajes internacionales realizados con fondos públicos por el Presidente de la República y la Primera Dama, conjunta o separadamente, durante el periodo comprendido que ocuparon sus cargos, incluyendo el nombre de los funcionarios y/o empleados que los acompañaron, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto.

Además, los gastos del diseño, producción e implementación de campañas del año 2010, así como los gastos de actividades protocolarias realizadas en ocasión de visitas de funcionarios extranjeros.

Lo anterior, en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública del demandante y la ciudadanía en general.

El demandante señaló que el Instituto de Acceso a la Información Pública catalogó como información reservada la referente a la publicidad, esto en atención a la libre competencia y el riesgo de colusión. Asimismo, definió la reserva absoluta sobre la información de gastos de viaje efectuados por el expresidente de la República y la primera dama. Y que los términos de la reserva de la información antes descrita vulneran los derechos a la protección no jurisdiccional y al acceso a la información pública; esto, sosteniendo que de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública dicha información no es solo pública, sino que, en algunos casos, de naturaleza oficiosa.

En relación a los gastos de diseño, producción e implementación de campañas del año 2010, la Sala estableció en su sentencia que el Instituto de Acceso a la Información Pública no realizó una adecuada ponderación del derecho de acceso a la información pública y el alegado riesgo de colusión que conllevaría publicar la información sobre agencias de publicidad contratadas por la Presidencia, pues no existe una base objetiva sólida que permita inferir algún riesgo de colusión de agencias de publicidad, pues únicamente se enuncian ciertas características que tornan dicha actividad económica proclive a la formación de tales pactos; pero no existe evidencia de que, en efecto, haya un grupo de empresas que pretenda beneficiarse con la obtención de dicha información.

Además, de concretarse el riesgo que se señala, se tienen las sanciones establecidas en el art. 37 y siguientes de la Ley de Competencia, las cuales son aplicables en los casos de prácticas anticompetitivas como la colusión entre empresas.

Sobre los viajes del Presidente de la República y la Primera Dama, se advierte que la información sobre los viajes efectuados para cumplir misiones oficiales y los gastos en los que se haya incurrido en ocasión de las mismas no implica per se un riesgo para la seguridad de estos, pues la misma no tiene como finalidad publicitar o exponer los planes adoptados para resguardar su vida e integridad, sino controlar las ausencias de dicho funcionario durante el ejercicio de la función constitucional encomendada, así como garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.

En ese sentido, debido a que la información sobre los viajes efectuados por el mencionado funcionario en misiones oficiales y los gastos en los que se haya incurrido para su concreción no posee conexión con la alegada seguridad del Presidente de la República y la Primera Dama, los datos que la constituyen deben ser del conocimiento público, ya sea de manera previa, durante o posterior a la realización de un evento concreto.

Ello implica que, tal como lo establece el art. 10 n° 11 de la LAIP, se debe divulgar oficiosamente la información correspondiente a los viajes internacionales realizados con fondos públicos, incluyendo el nombre de los funcionarios y/o empleados que lo acompañen, el destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto.

Además, de la consideración anterior, la Sala de lo Constitucional estableció la forma correcta en que se debe interpretar el artículo 158 de la Constitución en relación al control de los viajes presidenciales, a fin de evitar la arbitrariedad en el uso de las licencias.

En ese sentido, a partir de la presente sentencia, la Asamblea Legislativa deberá exigir al Presidente de la República que, previo a cada viaje fuera del territorio nacional, solicite autorización y ratifique personalmente dicha petición ante ella. El Presidente debe comunicar a la Asamblea Legislativa, con antelación, su decisión de ausentarse del país y explicitar los motivos de su salida, que podrían ser el cumplimiento de una misión oficial o un viaje de carácter privado.

Cualquier misión oficial debe estar justificada, lo cual implica que se debe contar con la información que la respalde, pues la ausencia del territorio nacional debe atender a la celebración de tratados internacionales o a la ejecución de la política exterior del gobierno. En el caso de un viaje de carácter personal, también es necesaria su justificación, por lo que se debe contar con información que lo respalde, para así impedir que se produzca una especie de “abandono de funciones” cuando los viajes al exterior son frecuentes.

Como efecto de la sentencia, la Sala de lo Constitucional ordena a la Presidencia de la República que publique: los gastos del diseño, producción e implementación de campañas del año 2010 y sus prórrogas, incluyendo los nombres y características de la contraparte, los plazos de cumplimiento y ejecución y la forma de contratación; la lista de viajes internacionales realizados con fondos públicos por el Presidente de la República y la Primera Dama durante el periodo en que ejercieron sus cargos, incluyendo el nombre de los funcionarios y/o empleados que los acompañaron, el destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto, y los gastos de las actividades protocolarias realizadas en ocasión de visitas de funcionarios extranjeros.

Dicha información deberá hacerla pública en el portal de transparencia de dicha institución, debiendo dar cuenta a este Tribunal al respecto en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia.

Además, la Sala señala que la información anterior debe ser divulgada la información, presente o futura sobre los mismos puntos. Teniendo en cuenta lo anterior, la Presidencia de la República deberá abstenerse de catalogar como información reservada los datos antes mencionados correspondientes a cualquier periodo presidencial.

Por último, la Sala declara que durante el transcurso de este amparo quedaron evidenciadas ciertas irregularidades en al manejo de la información requerida a la Presidencia de la República, lo cual evidencia el incumplimiento, por parte de la Presidencia de la República, de los principios de disponibilidad, prontitud e integridad establecidos en el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como una infracción al deber de custodia de la información restringida dispuesto en el art. 27 de la citada ley. Tales irregularidades reflejan, en el presente caso, la ausencia de un adecuado mecanismo de registro y resguardo de la información objeto de este proceso.

Por lo anterior, la Sala ordena a la Presidencia de la República que implemente una efectiva identificación, sistematización, resguardo y custodia de la información que se genera en su seno, abarcando tanto la vinculada con el objeto de este proceso como toda aquella que legalmente le corresponde manejar, e instruya a las instituciones públicas con las que tiene una relación directa para que actúen de forma similar, a fin de evitar futuras vulneraciones del derecho fundamental de acceso a la información pública y que, ante cualquier requerimiento de información, esta pueda ser fácilmente identificada y, si procede, proporcionada a los ciudadanos o instituciones solicitantes.

Además, se certifica la presente resolución a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las auditorías e investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas y/o penales de las personas que, de acuerdo con la ley, eran responsables de la generación y resguardo de la información objeto de este amparo.

La sentencia de amparo fue firmada por por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Sonia Dinora Barillas de Segovia.

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