El Salvador: Icefi recomienda medidas mínimas para un acuerdo fiscal integral

By on 12 octubre, 2016

El Salvador enfrenta una difícil situación económica debido a la falta de un acuerdo político para obtener fondos.

Ciudad de Guatemala, Centroamérica, 11 de octubre de 2016.- Ante el pronunciamiento del Presidente Salvador Sánchez Cerén sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo fiscal, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reitera que un pacto de esta naturaleza debe tener como propósito la mejora en el bienestar de la población.

El Icefi insiste que la crítica situación que atraviesan las finanzas públicas salvadoreñas, sobrepasan la capacidad del Gobierno, convirtiéndose en un problema de Estado. Además, recuerda que los problemas de las finanzas públicas son estructurales, y que la crisis de iliquidez que vive la Administración pública es un reflejo de ello. Por esta razón, plantea la necesidad de alcanzar un acuerdo fiscal integral que constituya una agenda de corto, mediano y largo plazo en las áreas de transparencia, gastos, ingresos, deuda pública y sistema previsional.

Para el Instituto estos acuerdos deben ser el resultado de un proceso transparente en el que existan canales de comunicación que le permitan a la población darle seguimiento a las negociaciones, y participar en la discusión y logro de una propuesta consensuada. Solo la participación social puede dotar de legitimidad a las medidas fiscales que se implementarán como resultado de las negociaciones políticas.

El Icefi recomienda que el acuerdo fiscal contemple mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen a la ciudadanía la probidad en el manejo de los fondos públicos. Además, en esta área se debe contar con mediciones certeras e independientes de la evasión del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, así como la inclusión en el presupuesto de la estimación del gasto tributario.

Por el lado del gasto público, es pertinente la inclusión en el Presupuesto  de todos los gastos, sin excepciones, que serán ejecutados durante el ejercicio fiscal, estableciendo como regla general la obligatoriedad de ejecución de gasto, solo si existe previsión presupuestaria para el efecto.    También expresa que si bien existen rubros que pueden ser recortados (como la contratación de seguros privados para funcionarios públicos), una disminución del gasto público, tal como se observa en el Proyecto de Presupuesto 2017, tendría consecuencias directas en el crecimiento económico y en el bienestar de las personas. El Icefi recuerda que, según un reciente estudio elaborado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, una variación de uno por ciento del PIB en el gasto público afecta al crecimiento económico entre 0.6 y 0.7 puntos porcentuales en el corto plazo, llegando hasta 1 punto porcentual en el mediano y largo plazo. En ese sentido, Icefi recomienda que la discusión del gasto público trate sobre mecanismos que logren mayor efectividad, al tiempo en que se garantiza la ampliación de la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos.

Por su parte, los cambios en los ingresos públicos deben estar orientados a garantizar la suficiencia en el financiamiento público con un sentido de progresividad. Debe contemplarse la adopción de un impuesto al patrimonio, así como la eliminación de privilegios fiscales injustificados. Asimismo, el fortalecimiento de la administración tributaria para dotarla con las herramientas necesarias en la lucha contra todo tipo de delincuencia fiscal, incluyendo los flujos de capitales hacia paraísos fiscales que hoy no son gravados por las características de la tributación salvadoreña.

En cuanto a la deuda pública, el Icefi plantea que es necesaria la aprobación de los USD1,200 millones de bonos para que el Estado pueda cerrar el año sin retrasos en los pagos a empleados, proveedores y acreedores. Sin embargo, esta aprobación debe estar supeditada a una regulación que comprometa el ordenamiento en el uso de la deuda de corto plazo (Letras de Tesorería, Letes). El Instituto reitera que las Letes son un mecanismo de endeudamiento que tiene una función coyuntural, por lo que una buena práctica financiera es su liquidación al cierre del año fiscal, en concordancia con lo que establece el artículo 227 de la Constitución de la República de El Salvador.

Finalmente, Icefi reitera que un acuerdo fiscal integral para El Salvador, realizado para la sostenibilidad y suficiencia de mediano plazo, no puede pasar por alto la urgente reforma del sistema previsional. En ese sentido, la reforma del sistema previsional debe, en primer lugar, ir encaminada a mejorar la cobertura y alcanzar la universalización de la seguridad social, en sintonía con las reformas pertinentes para lograr una autonomía financiera y un financiamiento regido por el principio de solidaridad.

El Icefi enfatiza que la sociedad salvadoreña tiene la oportunidad de lograr un acuerdo colectivo que permita transformar la actual política fiscal de sobrevivencia hacia una política fiscal integral que sirva de herramienta para la construcción de un El Salvador más democrático, equitativo y justo.

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