Declaran Bien Cultural lugar donde ocurrió Masacre de El Calabozo en San Vicente

By on 22 noviembre, 2016

La Secretaría de Cultura de la Presidencia a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural, anunció que otorgó el “Reconocimiento y Declaratoria como Bien Cultural al lugar de memoria histórica,  donde ocurrió la Masacre de El Calabozo”, ubicado en el cantón Amatitán Abajo, San Esteban Catarina, San Vicente.

El anuncio lo hizo el director nacional de Patrimonio Cultural y Natural, Marlon Escamilla;  el alcalde de San Esteban Catarina, Marcial Bolaños; el alcalde de Santa Clara, Oscar Cortez, y la señora Carolina Constanza, de  la Asociación Centro para la Promoción de los DDHH Madeleine Lagadec, asociación que solicitó a Secultura iniciar el proceso de declaratoria.

Por medio de la resolución interna 003/2016 –publicada en el Diario Oficial, n.° 159,  Tomo n.° 412, del 30/08/2016- Secultura otorgó la Declaratoria en cumplimiento al Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los DDHH ocurridas en el contexto del conflicto armado interno (Decreto Ejecutivo 204/2013) como parte de las medidas de dignificación en el ámbito de la cultura estipuladas en el artículo 11 del decreto, indicó el director de Patrimonio, Marlon Escamilla.

“Esa masacre para mí, lleva muchos sentimientos,  porque allí están nuestros familiares, nuestros hermanos, bueno mi madre, y tanta familia que murieron allí, niños, mujeres y ancianos, y ahora tenemos la dicha de declarar patrimonio cultural el lugar”, dijo el alcalde San Esteban Catarina, Marcial Bolaños.

En el proceso que derivó en la Declaratoria,  se consideró el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, el cual revela que el 22 de agosto de 1982 ocurrió la masacre contra la población civil en la que murieron más de 200 personas a manos del Batallón Atlacatl y otros cuerpos del Estado.

Además, se consideró que desde 1993 los pobladores del lugar realizan actos de conmemoración para recordar a sus víctimas. El 21 de agosto se lleva a cabo una vigilia y el 22 de agosto una peregrinación en la que se ofrecen testimonios de sobrevivientes y una misa.

Según constató Secultura, en el lugar se erigió un monumento con los nombres de las víctimas que perdieron la vida. Este  monumento debe ser protegido y conservado de acuerdo a la Ley Especial de Protección al patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES) en relación a lo regulado por la Constitución de la República en el artículo 63.

En la Declaratoria se estableció para el lugar el valor histórico, simbólico, espiritual–religioso y social que lo hacen meritorio de la categoría de Bien Cultural de la Nación.

En este sentido, Secultura emite como parte de la Declaratoria, una serie de medidas de protección que limita las obras de construcción que alteren el lugar y el monumento construido. Solo se permitirán obras de mejoramiento, mantenimiento y restauración.

Además prohíbe el uso de vallas publicitarias, torres eléctricas o de telefonía, estaciones de energía  o de transferencia de desechos, estacionamientos, etc.

Para divulgar  la Declaratoria de Bien Cultural, la Dirección de Patrimonio a través del departamento de Registro de Bienes Culturales, realizará charlas de concientización del valor histórico y protección conservación del sitio, en las comunidades y centros escolares aledaños, explicó la antropóloga Ana Mata, quien dirigió todo el proceso.

Secultura y los alcaldes de Esteban Catarina y  Santa Clara (municipio aledaño al lugar) invitaron durante la conferencia de prensa,  a una ceremonia en lugar del monumento a las víctimas de El Calabozo, el próximo 28 de noviembre a partir de las 9 de la mañana.

En el caso de la Masacre de El Calabozo, el 11 de noviembre de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  declaró favorable la solicitud de amparo contra la jueza de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, y le ordenó pronunciarse sobre “la resolución que corresponda a la referida acusación, en la que determinará cuál es la normativa procesal penal aplicable al caso concreto y el procedimiento que se tramitará con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de los demandantes”.

Según la Sala de lo Constitucional un sobreviviente denunció la masacre “en 1992 ante el Juez de Primera Instancia de San Sebastián, del mismo departamento, con el fin de que efectuara la investigación correspondiente”; sin embargo, después de admitir la denuncia y citar a las personas propuestas como testigos y ofendidos “el juez decidió archivar el proceso penal”.

“Hoy las puertas de la verdad y la justicia se abren al pueblo salvadoreño, y se abren para las víctimas y para los municipios que han cargado esta historia”, dijo la señora Constanza.

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