Amparo de Corte frena acceso a información pública

By on 22 marzo, 2017

Por ser un tema de interés nacional a continuación presentamos un artículo sobre diferencias entre el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Corte Suprema de Justicia.

El artículo publicado por el medio Transparencia Activa es el siguiente:

Los Magistrados Propietarios José Óscar Armando Pineda Navas (también Presidente de la CSJ), José Belarmino Jaime, Florentín Meléndez Padilla, Edward Sidney Blanco Reyes y Rodolfo Ernesto González Bonilla expusieron en su amparo que “en su contra se ha iniciado un proceso administrativo sancionador por la supuesta infracción a lo previsto en el Art. 76, letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y junto al resto de Magistrados Propietarios de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, han presentado una demanda de amparo, por supuestas violaciones constitucionales cometidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública en su contra al ordenarles que entreguen la documentación sobre la reunión que los funcionarios judiciales realizaron con los dueños y jefes de medios de comunicación el año pasado.

A juicio de los magistrados demandantes en amparo, se les han violado sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la propiedad y hay una violación a la motivación de las resoluciones administrativas, como una manifestación del derecho a la protección no jurisdiccional.

Sobre la seguridad jurídica, según ellos no existe ninguna disposición legal o administrativa que obligue a documentar las reuniones no oficiales a las que fueran invitados, ni el contenido de las mismas. Así, al no existir dicha obligación legal, la CSJ y sus integrantes no han cumplido ninguna regulación por la que deban ser sancionados.

Agregan que se cometió también vulneración al “principio de interdicción de la arbitrariedad”, puesto que el IAIP establece una exigencia de generar información que, claramente no se enmarca en el contenido del artículo 6, letra “a” de la LAIP, por tanto no existe obligación legal de generar la información solicitada.

En cuanto a la presunta violación al derecho de propiedad, consideran que no se les puede sancionar por no proporcionar los nombres de las personas con quiénes se reunieron y quién les convocó, pues la información solicitada es inexistente, como también el mandato legal que obligue a generarla, por tanto la negativa a dar la información no obedece a aspectos propios de la voluntad de los Magistrados que integran la Corte Plena.

Al no existir dolo ni culpa en la omisión de la entrega o generación de la información solicitada, resulta atentatorio al derecho de propiedad de cada uno de los magistrados de la CSJ la imposición de una multa por parte del IAIP.

En cuanto al derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, como manifestación del derecho a la protección no jurisdiccional, alegan los Magistrados que, el IAIP en ningún momento fundamenta las razones fácticas y jurídicas por las cuales consideran y califican como información pública un hecho, una información que no ha sido generada, ni archivada por la Sala de lo Constitucional, ni por la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados demandados ante el IAIP consideraron que como el recurso se presentó ante la Sala que ellos mismos dirigen, debían abstenerse de conocer el presente proceso de amparo para evitar dudas en cuanto a la imparcialidad que como jueces deben mantener en el ejercicio de sus funciones y se nombró a magistrados suplentes para tramitar el amparo, para que sean estos quienes evalúen si las razones o motivos expuestos por los propios magistrados propietarios o por la parte recusante son suficientes para aceptar la abstención o la recusación de quienes conforman la Sala de lo Constitucional.

Los magistrados suplentes que conocerán y analizarán el reclamo planteado por sus compañeros de la Corte en Pleno serán: Francisco Eliseo Ortiz Ruíz, Martín Rogel Zepeda, Celina Escolán Suay, Carlos Sergio Avilés Velásquez y Sonia Dinora Barillas de Segovia

Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional actúan en este proceso constitucional (el amparo) como parte demandante, junto al resto de magistrados propietarios del Pleno de la Corte, puesto que el IAIP –presuntamente– ha violado sus derechos constitucionales, al solicitarles información sobre quién convocó a una reunión que sostuvieron el día 23 de julio de 2016 en las instalaciones de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano (FUSAL) y quiénes asistieron a la misma.

El Instituto comprende que como la Corte dijo que la reunión era una actividad propia del tribunal (realizada) en horas laborales, entonces como toda actividad propia del tribunal está sujeta al escrutinio público y por tanto es información pública.

También un grupo de abogados pidió conocer las respuestas de los exámenes de notariado administrados en el año 2013 a lo que la Corte respondió que no podía entregar la información. El amparo de los magistrados de la CSJ se admitió sobre estos dos hechos particulares.

Califican de mal precedente en acceso a información

El comisionado del IAIP, Jaime Campos, lamentó que “la CSJ como ente obligado haya buscado una de sus propias Salas para evadir las responsabilidades u obligaciones de transparencia y esté desconociendo la naturaleza del derecho de acceso a la información pública, privilegiando a funcionarios que se resisten a cumplir con las resoluciones del Instituto”.

“Me llama la atención el hecho que los 15 magistrados se amparan de forma exprés ante la Sala de lo Constitucional y lo admiten sólo 3 magistrados suplentes, que es el mínimo que exige la Ley de Procedimientos Constitucionales para la admisión de un amparo y ordena la suspensión de dos procesos sancionatorios que el Instituto realiza y que mañana realizaría las audiencias”, cuestionó Campos.

Según el Comisionado, con la admisión de este amparo, “la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está desconociendo la competencia que tiene en la materia el órgano garante que es el IAIP. Es un mal precedente porque a pesar de haber sido creado un órgano garante para la aplicación de la LAIP un ente obligado a la Ley se ampara en una de sus mismas Salas para no cumplir con las resoluciones que ha dictado el Instituto, igualmente lo que aquí está fallando es el respeto a las competencias institucionales de cada entidad”.

Campos afirmó también que es la primera vez que conoce de un caso en que el Pleno de la CSJ se pone de acuerdo para presentar una demanda y que es admitida de una forma rápida y expedita y que fue admitida por 3 magistrados suplentes.

Organizaciones se pronuncian

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), Abraham Ábrego, dijo que esto evidencia una evasión al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de parte de una institución obligada.

“Esto es no reconocer al Instituto de Acceso a la Información Pública como máximo garante del derecho de acceso a la información. La Sala de lo Constitucional lo es en materia constitucional y el Instituto en derecho de acceso a la información”, resaltó Ábrego.

Añadió que esto es una muerta grave porque la misma Corte en Pleno se ampara para no brindar información, además de mandar un mensaje de no cumplir y no respetar la institucionalidad del país.

El coordinador de Transparencia de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Óscar Campos, señaló que la medida de la Sala sienta un mal precedente para el acceso a la información pública y viola un derecho colectivo.

“Nos sorprende de sobremanera que la Sala de lo Constitucional, después de ser una de una de las instituciones garantes del acceso a la información pública en todos los niveles, este ahora, pues, de facto, anulando las atribuciones y resoluciones que manan del Instituto. Es preocupante el precedente que se puede llegar a sentar”, señaló Campos quien añadió que ISD recurriría a instancias internacionales si hay una sentencia de los magistrados constitucionales continúan obstaculizando el derecho de acceso a la información pública.

Campos llamó a los magistrados suplentes a estudiar bien la solicitud de amparo, ya que está en juego el derecho.

Mientras, FUSADES dijo que no emitiría opinión al respecto porque debe estudiar primero el amparo de la CSJ.

También, el coordinador de FUNDE-ALAC, Jamie López, manifestó que como institución no han tenido la oportunidad de estudiar el caso y que por el momento no emitirán una opinión al respecto.

En una de las evaluaciones independientes sobre transparencia y acceso a la información pública realizadas por ISD y la Fundación Friedrich Ebert en noviembre de 2016, el Órgano Judicial obtuvo una nota de 4.2, debido a que a la Corte Suprema no publica datos presupuestarios, licitaciones, ni documentación que pueden ser del interés de la ciudadanía. De igual forma el IAIP evaluó negativamente a la Corte en diciembre de 2016.

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