Sala admite 2 demandas contra ley de presupuesto 2017

By on 7 abril, 2017

Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia volvió a emitir otra resolución conflictiva en la que le lleva la contraria a las políticas del gobierno del partido FMLN, esta vez en relación con el presupuesto general de la nación.

Cuál será el impacto en el presupuesto general esta vez, no se sabe, todo dependerá de una emisión de una sentencia definitiva a futuro.

Las resoluciones fueron tomadas horas antes de irse de vacaciones con motivo de la Semana Santa 2017.

La Sala dio a conocer las resoluciones firmadas este viernes 7 de abril de 2017,  en la cual da a conocer que admitió dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Presupuesto General para el Ejercicio Financiero Fiscal 2017, por la presunta vulneración al artículo 148 y 226 de la Constitución, lo cuales establecen el quórum mínimo para la aprobación de empréstitos voluntarios y el principio de equilibrio presupuestario.

En la primera demanda, el ciudadano Daniel Eduardo Olmedo Sánchez manifiesta que la deuda flotante a la que alude el artículo 5 de la ley constituye un empréstito voluntario, por lo que debe concurrir el quórum mínimo de aprobación establecido en el artículo 148 inciso 2° de la Constitución, exigencia que no se habría verificado en la creación de la Ley de Presupuesto 2016 —texto reproducido en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto 2017—, por no haberse aprobado con los votos de los dos tercios de los diputados electos.

Por su parte, en la segunda demanda, el ciudadano Salvador Enrique Anaya Barraza señala que en el presupuesto general de la nación se ha omitido prever “todos los gastos que deberá afrontar el Estado en el año 2017” pues no se han incorporado “cuatrocientos treinta millones de dólares”. De este modo, la falta de recursos para cubrir distintos rubros alcanza el “8.8%” del presupuesto, situación que “no incide únicamente en relación a las partidas o asignaciones presupuestarias específicas […], sino que afecta a todo el presupuesto estatal”.

La Sala consideró que ambas demandas cumplen con los requisitos para ser admitidas contra la Ley de Presupuesto 2017, la primera demanda por la posible vulneración al artículo 148 de la Constitución, ya que la deuda flotante se constituiría como un empréstito voluntario y necesitaría los votos de dos tercios de los diputados electos, lo cual el demandante considera que no se ha cumplido.

La segunda demanda se admite por la violación a las exigencias del principio de equilibrio presupuestario establecido en el artículo 226 de la Constitución. Dicho artículo se señala que el Órgano Ejecutivo es el encargado de estructurar las diferentes fuentes de ingresos del Estado —para satisfacer necesidades y cumplir con sus fines— y el gasto público —para sufragar el gasto funcional u operativo y realizar inversión en obras sociales o de desarrollo—. El principio de equilibrio presupuestario pretende evitar el riesgo de un desorden o emergencia presupuestal, en donde no exista armonía entre el ingreso y el gasto; el endeudamiento público no proporcionado con la capacidad económica del Estado, como medida de prudencia política y de seguridad económica; y, asimismo, que las instituciones públicas cuenten con los fondos que razonablemente les permita cumplir sus atribuciones.

El incumplimiento de esta regla de la disciplina presupuestaria es susceptible de calificarse como desequilibrio presupuestario intencional o deliberado, que se manifiesta en el diseño y proceso de ejecución del presupuesto, ya sea en el caso de su desfinanciamiento relevante o en la irrazonable distribución de los recursos públicos; el ciudadano demandante considera que lo anterior vulnera la Constitución y debe ser analizado por la Sala.

Las resoluciones de admisión fueron firmadas por unanimidad por los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Celina Escolán y Eliseo Ortíz.

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