Asamblea aprueba polémicas reformas a Ley de Extinción de Dominio

By on 19 julio, 2017

La Asamblea Legislativa aprobó por 43 votos una serie de reformas a la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, aprobadas durante la Sesión Plenaria de este martes 18 de julio, reformas que han sido muy criticadas por distintos sectores que consideran la estarían quitando dientes a la normativa original.

La ley busca endurecer la persecución de los bienes de las organizaciones terroristas y desfinanciar el crimen organizado, pero las reformas dicen otra cosa.

Las reformas fueron aprobadas con votos de los partidos GANA y FMLN, más los votos de Carolina Rodríguez de ARENA,  el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN.

Por su parte el Fiscal General ha expresado que estás reformas representan una “tregua para los corruptos”.

Políticos como el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele han reaccionado pidiendo al presidente Salvador Sánchez Cerén que vete dicho decreto aprobado por el legislativo.

En el proceso el presidente Sánchez Cerén puede ratificar, observar o vetar el decreto de reforma. En caso de veto los diputados tendrían que aprobar con 56 votos.

Las reformas son las siguientes:

Art. 6. Refórmase el literal a) del artículo 14, de la siguiente manera:

“a) Tener acceso al proceso directamente y a través de la asistencia y representación de un abogado desde la fase de la investigación.

(Tener acceso al proceso directamente y a través de la asistencia y representación de un abogado desde la presentación de la solicitud de extinción de dominio, o desde la materialización de las medidas cautelares)

Art.7. Intercálase un inciso segundo  al Art.23, de la siguiente manera:

“Para decretar o ratificar las medidas cautelares deberá existir apariencia de buen derecho y peligro en la demora para los fines del proceso. En todo caso, las medidas cautelares deberán responder a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.

Art.8 Refórmase el inciso final del artículo 27, de la siguiente manera:

“Sin perjuicio del derecho de acceso del afectado, la actuación será reservada hasta la presentación de la solicitud de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares”.

Actualmente dice: (La actuación será reservada hasta la presentación de la solicitud de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares).

Art. 9. Refórmase el Art.28 de la siguiente manera:

Finalización de la Etapa inicia o de investigación.

Art.28. La fase inicial o de investigación concluirá con la presentación de la solicitud de procedencia de la acción de extinción de dominio o la resolución de archivo de la investigación.

Es fiscal especializado podrá ordenar el archivo provisional de las actuaciones cuando después de recabar las pruebas no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en la presente ley. El archivo provisional durará doce meses. Si durante este plazo, aparecen nuevos indicios o evidencia que desvirtúen las razones por las que se ordenó el archivo provisional, el fiscal podrá reabrir el caso y realizar las investigaciones faltantes para fundamental la acción de extinción de dominio.

El archivo será de carácter definitivo y tendrá la fuerza de cosa juzgada cuando transcurridos los doce meses no surjan nuevos indicios o evidencias que permitan fundamentar la acción de extinción de dominio y no podrá reabrir el caso por ninguna circunstancia.

La resolución que ordena el archivo deberá ser ratificada por el fiscal superior.

Las decisiones de archivo estarán sujetas a las auditorías y controles pertinentes y, para tal efecto, la unidad responsable deberá considerar, dentro de su plan de trabajo anual, auditar una muestra de los casos archivados.

Así está redactado en la actualidad: (Art. 28.- La fase inicial o de investigación concluirá con la presentación de la solicitud de procedencia de la acción de extinción de dominio o la resolución de archivo de la investigación. El fiscal especializado podrá ordenar el archivo de las actuaciones cuando después de recabar las pruebas no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en la presente Ley. La resolución que ordena el archivo deberá ser ratificada por el fiscal superior. La decisión de archivo no tiene valor de cosa juzgada. El fiscal podrá reabrir el caso cuando aparezcan nuevos indicios o evidencias que desvirtúen las razones por las que se ordenó el archivo. Las decisiones de archivo estarán sujetas a las auditorias y controles pertinentes y, para tal efecto, la unidad responsable deberá considerar, dentro de su plan de trabajo anual, auditar una muestra de los casos archivados).

Art.10 Adiciónase un literal d), e intercálase un inciso tercero al artículo 33, de la siguiente manera:

  1. d) Revisar las medidas cautelares adoptadas con el objeto de ratificarlas, modificarlas, o cesarlas según proceda.

En caso que un presunto tercero de buena fe exenta de culpa solicite levantamiento de una medida cautelar contra sus bienes en la Audiencia, el incidente se considerará como de previo y especial pronunciamiento.

Art. 11 Refórmase el artículo 36 de la siguiente manera:

“Carga de la prueba

Art. 36 Corresponde a la Fiscalía General de la República probar el origen o la destinación ilícita de los bienes sujetos a extinción de dominio”.

Así está redactado actualmente: (Art. 36.- Corresponde a cada una de las partes probar los fundamentos que sustentan su posición procesal.)

Art. 12 Intercálase un inciso segundo al artículo 44 de la siguiente manera:

“Las sentencias definitivas y los autos que pongan fin al proceso, dictados en segunda instancia, serán recurribles en casación conforme al derecho procesal penal”.

Así está actualmente: (Art. 44.- Contra las resoluciones pronunciadas en primera instancia, únicamente procederán los recursos de revocatoria y apelación, los cuales se sustanciarán conforme a las disposiciones generales, requisitos y trámites previstos en el derecho común, en lo que fuere pertinente. En lo relativo a los términos y plazos para la sustanciación de los recursos, se aplicará lo dispuesto en la presente Ley.)

Art.13 Agrégase un literal d) y refórmese el inciso tercero del artículo 47 de la siguiente manera:

  1. d) Inobservancia de derechos y garantías fundamentales reconocidas en la constitución, en el derecho internacional vigente y demás leyes.

En el caso del literal a) se producirá invalidez de todo el proceso cuando se trate del supuesto de incompetencia material; y en los casos previstos en los literales b), c) y d) se invalidará el acto o diligencia en que se hubiere producido la infracción y los que sean conexos con estos; en tales casos, deberá reponerse el acto siempre que sea posible, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido”.

Así está el inciso actualmente: En el caso del literal a), se producirá invalidez de todo el proceso cuando se trate del supuesto de incompetencia material; y en los casos previstos en los literales b) y c), se invalidará el acto o diligencia en que se hubiere producido la infracción y los que sean conexos con estos; en tales casos, deberá reponerse el acto siempre que sea posible, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido.

Art. 14 Refórmase el artículo 48 de la siguiente manera:

Oportunidad de nulidades

Art. 48 Las nulidades se podrán invocar en cualquier etapa del proceso.

Así está actualmente: Art. 48.- Las nulidades se podrán invocar en la audiencia preparatoria y en la audiencia de sentencia.

Art.15 Refórmase los incisos segundo y tercero del art. 76 de la siguiente manera:

“En el caso de los bienes objeto de registro, deberá ordenarse la anotación preventiva en el registro respectivo. El CONAB podrá administrarlos provisoriamente solo si existe justificación suficiente para dicha intervención”

En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generen ingresos para la manutención familiar, el menaje de casa , la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen de bien del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso.

Así están los incisos segundo y tercero actualmente:

(En el caso de los bienes objeto de registro, deberá además ordenarse la anotación preventiva en el registro respectivo.

Cuando los bienes hayan sido objeto de extinción de dominio, deberán pasar material y registralmente a favor del Estado, si esto último fuese procedente.)

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