Ministerio de Cultura en desacuerdo con dictamen legislativo sobre Tacuscalco

By on 14 agosto, 2018

El Ministerio de Cultura dio a conocer su desacuerdo con el Dictamen n.° 1 emitido por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia el caso del sitio arqueológico Tacuscalco, a través del cual se pretende modificar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES).

Cultura informó que la LEPCCES, en su artículo 8, inciso 2.° establece que “los planes de desarrollo urbanos y rurales, los de obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra, a la autorización previa del Ministerio de Cultura”.

En cambio, en el dictamen decretan la interpretación auténtica del artículo 8, inciso 2.° de la LEPPCES y plantean que “estarán obligados a solicitar la autorización previa del Ministerio de Cultura las entidades responsables de desarrollos urbanos y rurales, obras públicas en general, construcciones o restauraciones privadas, todas ellas vinculadas directamente con un bien cultural así declarado”.

Dicha propuesta no puede considerarse una “interpretación auténtica”, al no contar con un análisis técnico–patrimonial. La interpretación auténtica que se está proponiendo contradice el Art. 63 de la LEPCCES y, por tanto, la finalidad de la ley, con base en el Art. 1 de la misma, al dejar desprotegidos bienes que conforman el Patrimonio Cultural de El Salvador, contemplados en el Art. 3, que carecen de declaratoria alguna debido principalmente a que aún no han sido identificados, con lo que corremos el riesgo de perder para siempre la oportunidad de descubrir sitios tan importantes como Joya de Cerén, descubierto de manera fortuita durante una construcción en 1976.

En este sentido, la necesidad de someter todo proyecto de construcción que conlleve remoción de tierra, cualquiera sea su naturaleza, se debe a la presunción de valor cultural que posee el territorio salvadoreño, evidenciado a partir de la enorme presencia de sitios culturales y naturales, y edificios patrimoniales. Esta presunción es mucho más fundamental para la salvaguarda del acervo arqueológico y paleontológico, que en la gran mayoría de casos se encuentra en el subsuelo y los reconocimientos se originan a partir de su hallazgo, por lo que la declaratoria no es posible hasta que sea registrado por medio de investigaciones arqueológicas y paleontológicas.

De igual manera, existe un número indeterminado de sitios con valor patrimonial cuya existencia desconocemos, mientras no se investiguen vastas zonas del territorio nacional aún vírgenes científicamente, pero cuyo reconocimiento podría ocurrir tanto por medios académicos como a través de trámites en los cuales se basa el articulado que conmina a los usuarios en general a solicitar la autorización del Ministerio de Cultura.

Por ello es primordial establecer que todo sitio cultural o natural es en sí mismo un lugar o espacio patrimonial y, por lo tanto, goza de un régimen de protección como tal, sin necesidad de poseer una declaratoria para ello, condición que agrega medidas especiales para complementar su salvaguarda. En este sentido, también forma parte del tesoro cultural per se,situación que es ratificada por el Art. 3 de la LEPPCES. Como antecedente al respecto, se tiene el caso de la lengua náhuat, la que no fue declarada al considerar que con base al artículo recién citado ya se considera bien cultural.

Es necesario aclarar que la LEPPCES y su reglamento utilizan el término “bien cultural”, como sinónimo de los bienes que conforman el patrimonio cultural (Art. 3 LEPPCES), a la vez que lo emplea para designar aquellos que poseen la declaratoria de Bien Cultural. Tal distinción es evidente en el proceso establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley, al determinar que “cuando un bien cultural esté en peligro inminente de sufrir un daño o de ser destruido, el Ministerio adoptará las medidas de protección que estime necesarias” (Art. 30 LEPPCES) y “si de las medidas de protección se establece que estas deben tener carácter indefinido, el órgano Ejecutivo en el ramo correspondiente, emitirá un acuerdo en virtud del cual se declarará bien cultural el mueble o inmueble de que se trate con el objeto de que deba ser incluido en forma permanente en el inventario de bienes culturales” (Art. 31 LEPPCES); tal secuencia de acciones pone de manifiesto que antes de declararlo ya es un bien cultural y forma parte del tesoro cultural, reconociendo así su valor en sí y por sí mismo. Lo anterior también se ve reforzado en el considerando II de la LEPPCES, al afirmar que: “Los bienes culturales expresan las tradiciones de nuestro pueblo y que configuran el fundamento y razón de ser de la identidad e idiosincrasia de los salvadoreños, por lo que es necesario preservarlos y consolidar, para fortalecer los lazos que les unen y que hacen que constituyan una nacionalidad”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta en mención atenta gravemente contra la salvaguarda del patrimonio cultural, al poner en función de unos pocos la norma jurídica citada, contraviniendo de esta manera el Art. 246 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la primacía del interés público sobre el interés privado. Asimismo, al exponer bienes culturales que constituyen parte integrante del tesoro cultural salvadoreño, la propuesta planteada vulnera derechos humanos vinculados a la cultura y pueblos indígenas, por lo que también transgrede lo establecido en el Art.1 de la Constitución Política de la República, el que reza: “(…) es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, así como el Art. 53, cuando establece que “el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico”.

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